Bien al estilo libertario: el PRO busca limitar el lenguaje inclusivo en las escuelas bonaerenses
La legisladora bonaerense del PRO y presidenta de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica del Senado bonaerense, Aldana Ahumada, presentó un proyecto de ley que busca "reafirmar el uso del idioma español conforme a las normas establecidas por la Real Academia española (RAE) en todos los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como privada", informaron sus voceros de prensa.
En lo que parece ser un capítulo bonaerense de la “batalla cultural” que agita las aguas de la política nacional, la senadora Ahumada consignó que existe “preocupación por la pertinencia del uso de lenguaje inclusivo en las escuelas” en referencia a su impacto educativo.
INCLUSIÓN NO ES DISTORSIONAR EL IDIOMA ✖
— Aldana Ahumada (@aldanaahumada) August 28, 2024
Hoy presenté un proyecto para restringir el "lenguaje inclusivo" en todas las escuelas de la PBA.
Basta de hablar con la "x", el "@" y la "e". No voy a permitir que sigan poniendo en riesgo el futuro de nuestros chicos. 🧵👇 pic.twitter.com/81cSbR3BvQ
La novedad se da en medio de una serie de intervenciones y decisiones del gobierno nacional que generaron debate en torno a las políticas de género. La última fueron las declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en las cuales rechazó la identidad de género y equiparó la violencia contra las mujeres con el delito común.
En los considerandos del proyecto, se menciona que "recientemente el Gobierno de Axel Kicillof destinó más de 4 mil millones de pesos en la compra de libros, entre los que se encuentran ejemplares destinados a fomentar el 'lenguaje inclusivo' en las escuelas bonaerenses, lo que 'generó preocupación sobre la pertinencia' de la medida en un contexto de crisis educativa severa".
La propuesta legislativa de la titular de la comisión de Educación del Senado bonaerense entiende por “lenguaje inclusivo” a cualquier “modificación de las reglas idiomáticas del español que implique la alteración de las formas gramaticales de género, incluyendo el uso de signos, letras o morfemas que deformen las palabras”, según detalla el artículo tres del proyecto.
En ese sentido, el proyecto de ley, le confiere la potestad al Ejecutivo de determinar la autoridad de aplicación, cartera o dependencia que deberá establecer los “mecanismos de supervisión y sanción para asegurar el cumplimiento” de la normativa, que deberá ser estudiada en las comisiones de la Cámara alta.
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