La Provincia
33 penitenciarios fallecidos

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos avanzó en la solución amistosa del caso Magdalena

De la firma del acta estuvieron presentes el ministro, los subsecretarios de Política Criminal, de Derechos Humanos y el jefe de Servicio Penitenciario, entre otros.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, firmó ayer el acta compromiso de solución amistosa por el denominado “incendio de Magdalena”, el litigio internacional abierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los hechos ocurridos el 15 de octubre de 2005 en el Pabellón 16 de la Unidad 28 de esa ciudad, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en el que fallecieron 33 personas privadas de la libertad.

“Por instrucción del gobernador Axel Kicillof hemos podido avanzar con este acta acuerdo de solución amistosa, que tiene como objetivo asumir una serie de compromisos por parte de la Provincia para iniciar el proceso de reparación de derechos y arbitrar las medidas necesarias para evitar que una situación de esas características se repita en el futuro”, subrayó el funcionario.

Entre las acciones que se acordaron se destaca la confección de un protocolo de investigación de muertes en contexto de encierro; la capacitación a agentes judiciales en materia de revisión de medidas cautelares y evaluación de medidas de ejecución de pena; la consolidación e institucionalización de los protocolos contra incendios; la incorporación del caso “Magdalena” a la currícula de la escuela de cadetes del SPB; entre otras.

De la firma del acta además del Ministro estuvieron presentes los subsecretarios de Política Criminal, Lisandro Pellegrini; de Derechos Humanos, Matías Moreno; y el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses, el juez del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Carral; el subsecretario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Leandro Gáspari; la directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky; y Sofía Caravelos, en representación del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ).

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