A pedido de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el Ministerio de Seguridad bonaerense movilizó a 40 combatientes especializados en incendios forestales, todos certificados, junto con una flota de 17 vehículos adaptados para la emergencia. El operativo incluyó 14 camionetas, un camión autobomba 4x4 URO de alta complejidad y dos vehículos UTV con kit forestal, destinados a intervenir en las zonas más críticas del incendio que afecta a Puerto Patriada y Laguna Villarino.

El despliegue fue presentado por el gobierno provincial como una muestra de “profesionalismo y capacidad operativa”, subrayando que Buenos Aires puede actuar “más allá de sus fronteras”. Sin embargo, puertas adentro, la realidad es menos épica: cuarteles de bomberos voluntarios en territorio bonaerense denuncian falta de recursos, patrulleros fuera de servicio y personal estatal que pelea paritarias a la baja mientras el Ejecutivo provincial se muestra generoso con recursos que escasean en casa.

En Chubut, el incendio permanece contenido en un 85%, aunque sectores como el arroyo El Blanco continúan activos y las ráfagas de viento reavivaron focos severos durante el fin de semana. La situación obligó al gobierno de Ignacio Torres a cortar la ruta provincial 71, evidenciando la gravedad del cuadro. Nadie discute la necesidad de combatir el fuego ni la cooperación entre provincias en situaciones extremas. Lo que se cuestiona es el oportunismo político.

Para muchos, el gesto de Kicillof no es inocente: en medio del desgaste de su gestión y con la mirada puesta en su proyección nacional, el gobernador parece más preocupado por construir épica fuera de la provincia que por apagar los incendios —metafóricos y reales— que arden en el conurbano y el interior bonaerense.

Así, con la Provincia “sin un peso”, según admiten incluso funcionarios del propio oficialismo, Kicillof vuelve a poner el carro delante del caballo. La solidaridad, cuando se financia con recursos que faltan en casa, deja de ser virtud y se convierte en propaganda.