El discurso incluirá el clásico repaso de gestión —educación, salud, obra pública y seguridad—, áreas que el gobierno provincial presenta como logros propios. Sin embargo, el mensaje estará atravesado por una constante: responsabilizar a Nación por la crisis fiscal. Desde su entorno insisten con la cifra de 22,2 billones de pesos que, según calculan, la provincia habría perdido desde diciembre de 2023 por recortes, deudas y caída de recursos. El problema para la narrativa oficial es que, aun si esa cifra fuese correcta, no explica el deterioro salarial ni la incapacidad de evitar conflictos con sindicatos históricamente aliados.

El paro docente convocado para la jornada —al que adhieren gremios como Suteba, ATE y Udocba— interrumpirá el inicio de clases por primera vez desde 2019 y expone un dato incómodo: el ajuste también se siente en territorio bonaerense. Aunque la huelga coincide con una medida nacional impulsada por Ctera, en la provincia responde a una oferta salarial que las bases consideraron insuficiente. La imagen de escuelas cerradas el mismo día del discurso erosiona el intento de mostrar control de la situación.

A la fragilidad económica se suma la tensión política interna. La disputa con La Cámpora volvió a quedar expuesta tras la designación de Mario Ishii como vicepresidente primero del Senado bonaerense y de Sergio Berni al frente del bloque oficialista. En el entorno del gobernador interpretaron esos movimientos como señales de autonomía del cristinismo, mientras que desde el camporismo minimizaron el conflicto. El resultado: un oficialismo que se muestra unido en público pero negocia poder en privado.

Lejos de concentrarse exclusivamente en la gestión, el mandatario también enviará guiños hacia el futuro político. Espacios como Kilómetro Cero, vinculado al ministro Augusto Costa, y el Centro de Estudios Derecho al Futuro, coordinado por Mara Ruiz Malec, trabajan en el armado programático con la mira puesta en 2027. Esa proyección alimenta críticas opositoras que acusan al gobernador de priorizar su posicionamiento nacional mientras la provincia atraviesa dificultades urgentes.

En la Gobernación sostienen que el gasto se está administrando con austeridad y que áreas sociales clave se preservan para sostener el rol de “Provincia escudo”. Pero ese argumento choca con la realidad de sueldos atrasados, conflictos sindicales y un margen fiscal cada vez más estrecho. Incluso dentro del peronismo reconocen que la situación limita la capacidad de acción y deja al mandatario con menos herramientas para cumplir promesas.

La apertura legislativa, entonces, será mucho más que un acto protocolar: funcionará como test político. Kicillof intentará mostrarse como líder opositor al rumbo nacional y como figura de consenso interno. El desafío es que el contexto no acompañe. Entre reclamos gremiales, números en rojo y disputas propias, el discurso corre el riesgo de sonar más a justificación que a plan de gobierno.